Mexicali.- La denuncia pública realizada por la propietaria del Bazar de Gaby, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte y mensajes de presunto cobro de piso por parte de sujetos que se identificaron como integrantes del crimen organizado, volvió a encender las alarmas sobre una modalidad de extorsión que autoridades municipales ya habían detectado previamente en el municipio.
El caso tomó notoriedad luego de que la comerciante difundiera un video donde relató que un individuo en motocicleta dejó un mensaje intimidatorio exigiendo contacto inmediato bajo amenazas de incendiar sus negocios y asesinarla a ella y a su hijo. Ante el temor, Gaby decidió cerrar su negocio, retirar a sus empleados y pedir ayuda urgente a través de redes sociales para proteger a su familia.
Las circunstancias del caso coinciden con patrones que el director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan, reconoció en entrevista con Nexos el pasado 30 de marzo, cuando confirmó que sí existen reportes recurrentes de personas que llegan presentándose como miembros del crimen organizado para extorsionar a ciudadanos y comerciantes.
Aunque señaló que no se trata de una situación generalizada, admitió que semanalmente se reciben entre uno y dos reportes relacionados con este tipo de amenazas. En cifras, el funcionario indicó que durante el trimestre se habían contabilizado entre seis y ocho víctimas bajo modalidades similares.
“Sí, no es algo común, pero sí es algo que hemos detectado […] En total pues no sé en lo que va del del trimestre unas seis u ocho”, declaró entonces.
Chan detalló que las víctimas no se concentran únicamente en comercios establecidos, sino que también incluyen ciudadanos particulares, tiendas de abarrotes y diversos giros comerciales.
El caso también vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta inmediata de autoridades, luego de que la comerciante asegurara haber activado botones de emergencia sin obtener apoyo oportuno.
Mientras las investigaciones avanzan, las circunstancia refleja una realidad preocupante para comerciantes locales, la posibilidad de enfrentar extorsión o amenazas que, aunque reconocidas por autoridades, siguen afectando directamente la estabilidad económica, emocional y física de familias trabajadoras.