Mexicali.— La presunta desaparición de 9.5 millones de pesos destinados a pensionados y jubilados de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) provocó inconformidad entre integrantes de la delegación 41, quienes exigen una auditoría externa y acciones para esclarecer el manejo de los recursos.
La profesora Alejandra Aranda Ortega, integrante de esta delegación en Mexicali, señaló que durante una reunión realizada el 13 de octubre se expusieron presuntas irregularidades financieras que habrían comenzado en 2023, según su testimonio, la secretaria general, Martha Guadalupe Casares Chávez, reconoció que el dinero ya no estaba disponible.
“La Secretaría General manejó los recursos financieros de la delegación de nuestras cuotas sindicales de manera personal y admite, lo peor de todo, es que admite con un cinismo y una desfachatez que efectivamente hizo con el dinero, que el dinero ya no está y pues aquí está ella presente, que lo acepta, que es una persona inteligente, pero que simplemente cayó en algo por internet, porque ni siquiera de manera personal ni nada, digo de manera escrita o de manera con una institución respaldada o algo, decidió utilizar los recursos de la delegación, nuestros recursos de manera personal y lo perdió.”, relató Aranda sobre lo expuesto durante el encuentro, al que asistieron alrededor de 50 integrantes.
La entrevistada cuestionó que desde mayo de 2022, cuando inició el actual comité delegacional, no se hayan presentado informes financieros para transparentar el uso de las cuotas sindicales, estos recursos son devueltos por la Sección 2 para cubrir gastos de la Casa del Jubilado, incluidos servicios, mantenimiento y salarios del personal.
“Hasta la fecha, en este comité que inició en el 2022 (…) no se ha presentado ningún informe”, sostuvo.
Aranda explicó que la delegación atiende aproximadamente a 6 mil pensionados y jubilados, pero enfrenta deficiencias en el mantenimiento del inmueble y dificultades para cubrir necesidades básicas. Como ejemplo, mencionó que durante la jornada del martes no había servicio de internet, lo que impidió realizar algunos trámites.
“Ahorita lo que nos interesa es actuar, ya sabemos que el hecho está y está mal hecho y además reconocido y aceptado por la propia secretaria general, porque se presentó ahí y efectivamente lo dijo [..] pero el dinero no está, ya no tenemos nada en la delegación.”, afirmó.
La profesora también señaló que la secretaria de Finanzas y su suplente habrían renunciado a sus cargos sin que la situación se informara oportunamente a todos los integrantes del comité ampliado.
Aunque se anunció una auditoría interna, Aranda consideró insuficiente esa medida y pidió una revisión independiente que permita determinar el posible daño patrimonial y deslindar responsabilidades.
“Tenemos (…) que exigir una auditoría externa que realmente haga responsable a la persona que sea responsable”, expresó.
Los inconformes prevén convocar a una reunión general para informar a la base sindical y definir las acciones correspondientes, incluida la posibilidad de presentar denuncias. Aranda insistió en que las decisiones deben tomarse con la participación de los agremiados y no únicamente de un grupo reducido.
Los señalamientos contra Casares Chávez constituyen acusaciones que deberán ser corroboradas mediante documentación financiera y las investigaciones correspondientes, hasta contar con esos elementos, no existe base suficiente para presentar el presunto desfalco como un hecho judicialmente acreditado.