Mexicali.- Ampliar los espacios para la venta de bebidas alcohólicas mientras persisten las preocupaciones por los accidentes viales y el consumo excesivo coloca al Ayuntamiento de Mexicali ante una discusión que va más allá de los intereses comerciales, la responsabilidad de proteger a las familias frente a los riesgos asociados con el alcohol.
Venustiano Anzaldo, presidente del Consejo Consultivo de Alcoholes, rechazó la posibilidad de comercializar estas bebidas en cines y teatros, al considerar que son espacios de convivencia familiar donde debe prevalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.
El representante ciudadano cuestionó, además, que el Congreso de Baja California modificara la legislación para permitir esta actividad sin considerar, según afirmó, las disposiciones que establecen los giros autorizados para la venta de alcohol. También reprochó que el Consejo no haya sido convocado a las mesas de discusión legislativa ni municipal, pese a su trayectoria como organismo de participación ciudadana.
Anzaldo contrastó esta rapidez con el rezago en la reglamentación de una reforma de 2019 relacionada con precios mínimos de venta de bebidas alcohólicas, cuya aplicación municipal, sostuvo, sigue pendiente.
La crítica también encontró eco en la regidora panista Sandra Cota, quien advirtió que abrir nuevos espacios de consumo exige evaluar las consecuencias dentro y fuera de los establecimientos, particularmente ante los accidentes viales relacionados con la ingesta de alcohol.
Cota cuestionó que se considere vender bebidas en lugares frecuentados por familias, especialmente durante el verano, cuando las altas temperaturas convierten los espacios climatizados en alternativas de convivencia para la población.
La edil informó que, durante la primera mesa de trabajo, Cinépolis manifestó interés en obtener un permiso para comercializar alcohol en salas VIP, modalidad disponible en un solo establecimiento de la ciudad.
Aunque el proyecto continúa en análisis, Cota sostuvo que no respaldaría la iniciativa sin garantías de seguridad suficientes y señaló que las respuestas recibidas en sus redes sociales fueron contrarias a la propuesta, sin que ello constituya una encuesta representativa.
Las posturas de ambos colocan sobre la mesa una interrogante de interés público, si las autoridades buscan reducir los daños asociados al consumo de alcohol, deben explicar cómo justifican ampliar las oportunidades de comercialización y qué medidas concretas impedirían que esa decisión incremente los riesgos para la ciudadanía.