Mexicali.- Familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron de manera pacífica al exterior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali para denunciar presuntas violaciones a derechos humanos que, aseguran, afectan tanto a los internos como a sus seres queridos; entre las principales inconformidades señalaron el hacinamiento, la insuficiencia de ventilación, restricciones en el acceso al agua, la prolongación de procesos judiciales y la falta de atención ante los más de 50ºC de calor extremo, el cual se ha convertido en un castigo adicional que el Estado parece renuente a atender.
Durante una manifestación pacífica, los familiares aseguraron que las celdas albergan hasta 20 internos, pese a que la normativa establece una capacidad considerablemente menor, en esos espacios, dijeron, apenas se autorizan unos cuantos ventiladores, los ductos de enfriamiento no funcionan adecuadamente y el acceso al agua es limitado, obligando a los internos a soportar temperaturas sofocantes en condiciones que calificaron como indignas.
Desde una perspectiva criminológica, el hacinamiento y las condiciones ambientales extremas no solo incrementan el riesgo de violencia, estrés y conflictos entre la población penitenciaria, sino que también deterioran la salud física y mental de quienes permanecen bajo custodia del Estado, un sistema penitenciario que expone a las personas a condiciones incompatibles con la dignidad humana difícilmente puede cumplir con su finalidad constitucional de reinserción social.
A ello se suman denuncias por retrasos en audiencias, presuntos malos tratos, robos de pertenencias y amenazas contra familiares que decidieron manifestarse, donde afirmaron que existen internos con meses e incluso años esperando el desarrollo de sus procesos, situación que representa una seria afectación al derecho al debido proceso y a una justicia pronta.
La prisión es la privación de la libertad, no la suspensión de los derechos humanos, el Estado tiene el monopolio de la custodia y, por tanto, la obligación de garantizar condiciones compatibles con la vida y la dignidad, cuando el calor extremo, el hacinamiento y la demora judicial se normalizan, el sistema penitenciario deja de ser un espacio de reinserción para convertirse en un escenario de castigo institucional que trasciende la sentencia impuesta por un juez.