Mexicali.- Durante 17 años, Blanca Thalía Fernández Gamboa se desempeñó como secretaria de tribunal en el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en Mexicali, hasta que una serie de presuntos actos de hostigamiento sexual, acoso laboral y abuso psicológico la obligaron a abandonar sus funciones y denunciar públicamente a su superior jerárquico.
La trabajadora del Poder Judicial Federal asegura que entre 2023 y 2025 fue víctima de un patrón sistemático de violencia institucional ejercido presuntamente por el magistrado titular del órgano jurisdiccional, quien, según su testimonio, buscó establecer una relación interpersonal fuera del ámbito laboral mediante conductas invasivas, intimidatorias y reiteradas.
De acuerdo con la denuncia, el magistrado incurrió en contacto físico no deseado, comentarios sobre su apariencia personal que excedían cualquier trato profesional y mensajes de texto con contenido intimidatorio, estas acciones, sostuvo Blanca, deterioraron severamente su salud física y emocional, al grado de derivar en incapacidades médicas otorgadas por el ISSSTE desde finales de 2025.
“Yo confiaba en la institución confiaba en su lema de cero tolerancia al acoso confiaba en el nuevo tribunal de disciplina que decían que venían con todo. Sin embargo creo que es un eslogan ficticio; no es efectivo, como ven, llevo seis meses y la afectación está haciendo para mí, que soy la víctima”, declaró.
Pese a haber presentado formalmente su denuncia en noviembre de 2025 ante el Tribunal de Disciplina Judicial, hasta la fecha no ha recibido medidas cautelares efectivas que le permitan regresar a su entorno laboral en condiciones seguras.
Blanca explicó que el ambiente dentro del tribunal se volvió progresivamente hostil, marcado por vigilancia constante, aislamiento y control indirecto a través de terceros. Según relató, el magistrado presuntamente mantenía monitoreo sobre sus movimientos diarios, incluyendo quién interactuaba con ella, sus horarios y actividades, creando una atmósfera de intimidación permanente.
“Muchas veces ya la vigilancia no es a través de él, sino a través de terceros, lo que te hace sentir te aisla, te vigilan; es un ambiente hostil y se puede percatar cualquier persona de dicho órgano, la manera en que él se conduce y que se nos prohíbe”, afirmó.
En marzo de 2026, el Tribunal de Disciplina emitió una medida para que regresara a laborar en otra ponencia dentro del mismo tribunal, una decisión que Blanca considera revictimizante, ya que no garantiza su seguridad ni elimina el contexto de violencia denunciado. Incluso, aseguró que la propia Unidad de Violencia del Poder Judicial Federal reconoció la existencia de violencia sexual en su espacio de trabajo.
Las repercusiones han trascendido el ámbito profesional pues Blanca sostiene que su salud mental, estabilidad familiar y situación económica se han visto profundamente afectadas, al permanecer fuera de sus funciones sin una solución definitiva.
“El titular sigue en su puesto, sigue en su cargo, sigue percibiendo salarios, sigue hostigando. Mientras la víctima está fuera, no está siendo apoyada por la institución a pesar de todas las cosas que hay”, expresó.
La denunciante considera que su caso no es aislado y sostiene que podrían existir otras víctimas dentro del mismo entorno laboral, por ello, decidió hacer pública su experiencia, con el objetivo de visibilizar la violencia de género dentro de instituciones que, paradójicamente, promueven discursos oficiales de protección y equidad.
Hoy, Blanca exige justicia, protección efectiva y una investigación imparcial, mientras cuestiona la verdadera capacidad del sistema judicial para salvaguardar a quienes denuncian violencia dentro de sus propias estructuras; su caso expone una problemática que pone en tela de juicio los mecanismos internos de protección para mujeres dentro del Poder Judicial.