Mexicali.- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente este jueves el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en un escenario marcado por restricciones presupuestales, complejidad política y cuestionamientos sobre las actividades de promoción realizadas antes del arranque oficial.
Durante el acto en Baja California, el delegado del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, informó que el próximo 30 de septiembre se instalará el Consejo Local para iniciar los trabajos del proceso en la entidad, mientras que el 30 de noviembre deberán quedar instalados los 300 consejos distritales del país.
Explicó que próximamente comenzará el reclutamiento de supervisores y capacitadores electorales, con una previsión cercana a 50 mil ciudadanos en todo México. En febrero se realizarán recorridos para identificar posibles ubicaciones de casillas y en marzo comenzarán las visitas de examinación con partidos políticos y consejeros.
Aispuro Cárdenas precisó que las precampañas iniciarán en enero y subrayó que las actividades políticas desarrolladas antes de este jueves no pueden ser consideradas automáticamente como parte de un proceso electoral.
El funcionario reconoció que existe un fenómeno que la legislación actual no alcanza a tipificar de manera adecuada, particularmente frente a la promoción de aspirantes que han aparecido públicamente sin solicitar expresamente el voto ni señalar el cargo por el que competirán.
Señaló que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar cómo deben analizarse esas conductas, mientras que al INE le corresponde registrar los hechos y fiscalizar los gastos que pudieran estar involucrados.
“En la fiscalización va porque va”, sostuvo el delegado, al señalar que el Instituto puede requerir a partidos y aspirantes información sobre el origen y naturaleza de los recursos utilizados.
El funcionario defendió además la capacidad institucional del INE para organizar elecciones pese a los cambios recientes en sus mandos, y aseguró que los procedimientos establecidos permitirán desarrollar un proceso “igualmente puntual” y confiable.
Aispuro Cárdenas sostuvo que cualquier modificación a las reglas corresponde al Poder Legislativo, mientras que la interpretación de la norma compete al Tribunal Electoral.